En una reciente entrevista, Miriam Peña, experta en gestión pública y mejora regulatoria, abordó temas cruciales relacionados con el impacto regulatorio y la importancia de un análisis previo a la creación de normas para que éstas resuelvan reales problemas públicos. Este enfoque se ha vuelto esencial pues un estudio en el año 2015, reveló la alarmante existencia de más de 600,000 normas en el país.
Miriam explica que el análisis de impacto regulatorio no es solo un procedimiento técnico, sino una herramienta fundamental para mejorar la calidad regulatoria. "Es una evaluación anticipada que nos permite prever los efectos de una intervención estatal en distintos sectores: ciudadanos, empresas y gobierno", señala. Al involucrar a las partes interesadas en la elaboración de normas, se logra no solo una mayor aceptación o legitimidad de la norma, sino también un compromiso real por parte de la ciudadanía para cumplirla..
La implementación de este análisis responde en parte a recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que destacó la necesidad de implementar este análisis previo de las normas y capacitar a los funcionarios en todos los niveles de gobierno, entre otras recomendaciones. Según Miriam, "si logramos que los ciudadanos entiendan el proceso de creación de normas, tendremos una mayor predisposición a cumplirlas".
Una de las repercusiones más positivas de esta práctica es el aumento en la predictibilidad y transparencia del marco regulatorio, lo que a su vez fomenta la confianza en el estado. Esto es crucial, ya que un entorno regulatorio claro y predecible no solo mejora la relación entre el gobierno y la ciudadanía, sino que también atrae inversiones. Como Miriam apunta, "normas claras y transparentes generan confianza y ayudan a combatir la corrupción, ya que permiten una mayor participación y control ciudadano".
En conclusión, el análisis de impacto regulatorio se presenta como una solución efectiva para enfrentar las problemáticas de un sistema normativo saturado y poco claro. Al adoptar este enfoque, el país no solo podrá mejorar la calidad de sus normas, sino también fortalecer la confianza de sus ciudadanos y fomentar un entorno propicio para el desarrollo económico.
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