En una entrevista con el abogado Robert Meza, se explora uno de los aspectos más complejos del derecho penal: su rol en la protección de los derechos fundamentales y la preocupante “muerte civil” que enfrentan las personas investigadas en causas penales. Para Meza, el derecho penal debe ser una “última instancia”, un recurso a utilizar cuando los demás mecanismos de control social ya no pueden resolver los conflictos. “El derecho penal es la reacción más grave del sistema de justicia porque afecta profundamente los derechos fundamentales de las personas. Acudir a él debe ser solo una opción final”, menciona. Este uso debe ser medido, pues recurrir prematuramente a sanciones penales puede llevar a situaciones donde se ve afectada la dignidad y el desarrollo social de las personas.
Uno de los puntos que Meza considera más alarmantes es el fenómeno de la "muerte civil", un término que describe la marginación que enfrentan personas bajo investigación, incluso sin haber sido declaradas culpables. Estas personas, según explica, encuentran dificultades para acceder a empleos y otras oportunidades básicas debido a su condición procesal. “Muchos no pueden acceder fácilmente a un empleo, ya que hoy en día una de las condiciones de ingreso es no tener investigaciones pendientes”, dice Meza. Esta situación crea una barrera social que, en su opinión, afecta tanto a las personas investigadas como a sus familias, impidiéndoles reinsertarse en la sociedad.
Por otra parte, el tema de la corrupción, una de las mayores preocupaciones del Estado y la ciudadanía, presenta un dilema sobre cómo el derecho penal debe intervenir para enfrentar este fenómeno. Meza observa que la respuesta ante la corrupción tiende a ser el endurecimiento de penas, con la expectativa de que las sanciones más severas disuadan los delitos. Sin embargo, cuestiona esta estrategia: “Parece que la realidad diría que no, que el endurecimiento de penas no garantiza un efecto disuasivo”. Para el abogado, aunque el derecho penal tiene una función importante en la lucha contra la corrupción, el fenómeno tiene una raíz social, económica y política que no puede ser resuelta solo a través del sistema de justicia. Este enfoque más amplio es necesario, ya que la corrupción afecta no solo la economía, sino también la confianza y estabilidad social.
Meza resalta también cómo, en muchos países, incluido el nuestro, el sistema de justicia parece adoptar enfoques pendulares, oscilando entre la laxitud y el rigor extremo en la aplicación de sanciones penales frente a la corrupción. Estos movimientos, en su opinión, pueden generar tanto impunidad como políticas excesivas que no logran resolver el problema de fondo. En conclusión, Meza invita a que el problema de la corrupción se aborde no solo desde el ámbito penal, sino que se contemple también en sus dimensiones sociales y políticas, considerando que es un reto colectivo que involucra a todos los sectores de la sociedad.
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