Aprende cómo gestionar la disposición final de bienes muebles en desuso mediante transferencia, subasta, donación y manejo de residuos.
En las entidades del Estado peruano, la adecuada gestión patrimonial de los bienes muebles es clave para garantizar un uso eficiente de los recursos públicos. Los bienes muebles en desuso representan un reto importante para gerentes, asesores, ejecutivos, y técnicos en los tres niveles de gobierno. Es fundamental que estos activos sean gestionados adecuadamente para evitar problemas legales, maximizar su valor residual y asegurar su disposición conforme a la normativa vigente.
En este artículo, abordaremos las principales alternativas de disposición final de bienes muebles, como la transferencia, subasta, donación y manejo de residuos. También destacaremos las implicaciones legales y las responsabilidades asociadas a su disposición incorrecta.
La transferencia de bienes muebles es una de las opciones más comunes cuando se busca optimizar el uso de recursos públicos. Este proceso permite trasladar la propiedad de los bienes en desuso de una entidad pública a otra. Se trata de una solución eficiente cuando los bienes aún poseen un valor funcional y pueden ser reutilizados por otras instituciones que los necesiten.
Para llevar a cabo una transferencia, es esencial seguir el marco legal establecido, como lo estipula la Ley N° 29151, Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales. La entidad propietaria debe evaluar el estado de los bienes y justificar que no se requiere para su operatividad, asegurando que el traslado sea eficiente y que los activos sean destinados a fines productivos.
La incorrecta aplicación de la normativa puede acarrear sanciones administrativas y comprometer la transparencia de la gestión pública. Por ello, es fundamental que los responsables de la gestión patrimonial sigan estrictamente los procedimientos.
La subasta pública es una de las opciones preferidas para la disposición de bienes muebles que, aunque en desuso, aún poseen un valor monetario. Este proceso garantiza transparencia y competitividad, permitiendo que terceros adquieran los bienes bajo condiciones de mercado. La venta por subasta es también una fuente de ingreso para las entidades públicas, lo que contribuye a mejorar su balance financiero.
Para realizar una subasta, es indispensable cumplir con el Decreto Legislativo N° 1192 y su reglamento. Las etapas del proceso deben ser claras, desde la convocatoria hasta la adjudicación de los bienes. Además, es fundamental garantizar que los bienes subastados no estén sujetos a restricciones de uso o pendientes de saneamiento.
Una gestión deficiente en la subasta de bienes muebles puede generar problemas de integridad administrativa, lo que afectaría la confianza pública en la entidad que realiza la transacción. Por lo tanto, se recomienda documentar cada paso del proceso y asegurar la participación de todas las partes interesadas.
La donación de bienes muebles a entidades sin fines de lucro, como organizaciones benéficas, instituciones educativas en situaciones de pobreza extrema o entidades vinculadas a la gestión pública, es otra vía para disponer de bienes en desuso. Este proceso permite que los activos sigan cumpliendo una función social, a pesar de que ya no sean necesarios para la entidad donante.
En este caso, es fundamental verificar que la entidad beneficiaria cumpla con los requisitos legales y que la donación sea aprobada por el órgano competente. Además, la donación debe estar debidamente registrada, conforme a lo establecido por el Sistema Nacional de Bienes Estatales, para asegurar la transparencia en la disposición del bien.
El no cumplimiento de las normativas puede llevar a la nulidad de la donación y a posibles sanciones para los responsables, lo que subraya la importancia de seguir los procedimientos legales y éticos.
Cuando los bienes en desuso no pueden ser reutilizados ni donados, y han llegado al final de su vida útil, deben ser gestionados como residuos. Este es el caso de los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), que requieren un tratamiento especializado para minimizar su impacto ambiental.
El Decreto Supremo N° 009-2019-MINAM establece las directrices para el manejo adecuado de los RAEE en el Perú. Las entidades públicas deben contratar empresas certificadas para la recolección y tratamiento de estos residuos, garantizando su disposición final conforme a las normativas ambientales.
Una disposición incorrecta de los RAEE no solo afecta el medio ambiente, sino que también puede conllevar sanciones legales significativas para la entidad responsable. Es crucial que los gestores patrimoniales se aseguren de que estos bienes sean reciclados o dispuestos de manera segura.
La incorrecta disposición de bienes muebles no solo representa una mala práctica administrativa, sino que también puede derivar en sanciones graves, tanto para la entidad como para los funcionarios responsables. La Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, establece las responsabilidades de los gestores en caso de incumplimientos, los cuales pueden incluir sanciones económicas, disciplinarias y hasta acciones judiciales.
La disposición final de bienes muebles es un proceso que debe ser gestionado con transparencia y rigurosidad. Cumplir con las normativas establecidas y seguir las mejores prácticas no solo asegura un uso eficiente de los recursos, sino que también protege a la entidad de eventuales problemas legales.
La disposición final de bienes muebles en desuso es una responsabilidad crucial en la gestión patrimonial de las entidades del Estado peruano. Sea a través de la transferencia, subasta, donación o manejo de residuos, es fundamental seguir los procedimientos legales y garantizar la transparencia en cada etapa del proceso. Solo así se logrará optimizar el uso de los recursos públicos y minimizar los riesgos asociados a una gestión patrimonial deficiente.
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Fuente: Sitio web del Congreso de la República del Perú
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